Judicialización de los precios de los Planes de Salud de las Isapres

Actualización año 2015

El fenómeno de judicialización del alza de precios base de los planes de salud de las Isapres, se inició en forma progresiva durante el año 2007 para incrementarse exponencialmente el 2008 y consagrarse como una variable más del sistema privado de salud.

En casi diez años de judicialización, hemos sido testigos de la consolidación de una industria de abogados especializados que ha obtenido suculentas ganancias en la presentación de dichos recursos de protección.

Si bien, los procesos se prolongan en el tiempo, más de ocho meses e incluso un año en vista, no se ha logrado desincentivar este fenómeno. Entre el año 2010 y 2015 los procesos judiciales de esta naturaleza, ingresados en las cortes de apelaciones de Chile, sobrepasaron los trescientos setenta y cinco mil.

Aunque la mayoría de ellos aún se concentra en la Región Metropolitana, desde el año 2012 se aprecia el fortalecimiento de la judicialización regional. En el año 2010 este fenómeno regional significaba el 7,4% del total; para el año 2015, representó el 24.7%.

Los focos de judicialización en regiones, con el incentivo de elevadas costas, han generado que las empresas especializadas ofrezcan sus servicios a nivel nacional.

Como respuesta a este fenómeno nacional, el Sistema Judicial ha incurrido en gastos extraordinarios que no han sido trasparentados y la Superintendencia de Salud generó un sistema de reclamos, que ha tenido una respuesta en alza entre los cotizantes, que también genera costos de gestión adicionales.

En los cinco años de análisis, las costas suman $53.762 millones: 37.056 corresponden a costas en Santiago y $16.707 a cortes regionales.

Cabe destacar, que la judicialización regional, en los cinco años, representó, en promedio, el 17% de la judicialización nacional. Sin embargo, los montos involucrados en costas regionales correspondieron al 31% del total para el periodo en cuestión.

Siendo un escenario permanente, los costos involucrados en la judicialización, más la irresolución jurídica de no contar con un mecanismo aceptado por los tribunales para explicar el alza, dejan a las Isapres en una incertidumbre jurídica que debe ser zanjada prontamente a través del camino legislativo.

Mientras esta discusión no se dé, seguiremos siendo testigos del desvío de recursos desde el sistema de salud hacia la judicialización, junto con el descrédito que acompaña a las campañas de marketing y publicidad, cuyo objetivo es alimentar la máquina de recursos.

Una solución paliativa puede ser la acción de la Superintendencia de Salud, toda vez se constituye en una alternativa administrativa, donde los cotizantes pueden obtener solución a su reclamo de alza de planes, sin la mediación de un abogado y por ende sin desviar recursos adicionales a una industria que se ha montado en torno a los recursos.

Si bien, la solución de la Superintendencia es una respuesta a la judicialización, no se exime de ser controversial y por lo tanto la solución concreta a la judicialización es volver a discutir en el ámbito legislativo los mecanismos de alza de planes de las Isapres.

La legislación y un amplio consenso en torno a la solución que destrabe este conflicto es una necesidad apremiante, pues existe un punto de quiebre donde los costos totales del sistema, incluyendo la judicialización, lo harán inviable.

Ese punto no estaría lejano, si por ejemplo: se da la configuración de factores judicialización de Alza de Plan y GES en el año 2016.

Descargar informe

 

Revisa otros estudios