Bajo el supuesto de hacer más “solidario” el sistema, con este proyecto se estaría perjudicando al 60% de los actuales beneficiarios de las ISAPRE, especialmente a los más jóvenes de rentas bajas.

A fines de 2011, con urgencia suma, se presentó un proyecto de Ley que introduce un Plan Obligatorio Garantizado para los beneficiarios de Sistema Privado de Salud, entre otros aspectos. El Gobierno, en respuesta al fallo del Tribunal Constitucional, que eliminó cuatro numerales que regulaban la tabla de factores por riesgo, gatilló un proyecto de Ley que más que avanzar en el sentido que señaló el tribunal Constitucional, retrocedió en materias de libertad contractual, diversidad de productos, calidad de servicios, aplicación de tarifas y le otorga una mayor complejidad al sistema. Además, creemos que un proyecto de la importancia de éste, difícilmente podrá ser evacuado en los plazos que el Gobierno ha puesto. Ello, básicamente porque los Parlamentarios deberán analizar cada una de las consecuencias que este proyecto tendrá para la población de las Isapres.

En efecto, es difícil prever alguna ventaja para la amplia mayoría de los afiliados a las Isapres en este proyecto. Por una parte, se dificultará el acceso a la salud privada a sectores de afiliados de rentas medias, especialmente matrimonios o personas con hijos que verán gravado sus planes de salud y, si bien, existiría un producto básico e igual para todos, que permitiría comparar precios en dicha cobertura básica, ello no representará una mejor herramienta para hacer mejor uso de los planes ni proporciona más información para una mejor decisión en la elección de un plan. El actual precio de los planes de salud se descompondría en tres partes: a) Plan Garantizado, b) Licencias Médicas y c) beneficios Complementarios, dificultando la comparación del precio final y su comprensión por parte de los usuarios.

Cabe señalar, que el año 2005 se modificó profundamente la regulación de las Isapres en todas aquellas materias referidas a adecuaciones de precios y tablas de factores. No obstante ello, los tribunales han puesto en tela de juicio tales regulaciones, lo que debería hacernos pensar que las nomas deben ser diseñadas con gran prudencia y con un buen soporte técnico, puesto que tales cuestionamientos al sector afectan la credibilidad del sistema privado, limitan e hipotecan su desarrollo y terminan perjudicando a sus propios beneficiarios.

El proyecto 
El proyecto, introduce un Plan Garantizado de Salud (PGS), plan que sería definido por la autoridad y que todos los cotizantes de ISAPREs estarían obligados a comprar. En principio, dicho plan estaría  compuesto por la cobertura de las Garantías Explícitas en Salud (GES), más algunas atenciones por definir que no están contempladas en el GES, más un seguro catastrófico que opera sobre un deducible, que determinará la autoridad y el Subsidio de Incapacidad Laboral (licencias médicas).
El precio del PGS, en cada Isapre será igual para todos sus afiliados. Del mismo modo, el precio del Subsidio de Incapacidad laboral lo determinará cada Isapre como un porcentaje de la renta.

El efecto que tendrá el precio parejo y la compensación de costos por riesgo es claro: Si un trabajador joven gana $800.000 mensuales y tiene mujer y tres hijos como cargas, y suponiendo que el PGS costará $20.000, el gasto para esa familia será de $100.000 sólo para financiar el PGS. A esa cifra, se le debe sumar el valor del Subsidio de Incapacidad laboral más los beneficios complementarios. Si consideramos que ese trabajador actualmente aporta una tarifa menor para él y sus tres cargas jóvenes, su nueva tarifa, en el futuro nivelada, se verá incrementada. La explicación de ello, es que serán los jóvenes y los niños quienes aportarán los recursos necesarios para ayudar a financiar a los adultos mayores y mujeres en edad fértil.

Así, como esa familia y de acuerdo a la información entregada por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, 1,4 millones de personas (que representa más del 50% de los beneficiarios del sistema Isapre) podrían ver alterado el costo de sus planes de salud por el sólo merito de esta ley. Es lógico pensar que muchas de las familias de ingresos menores, se verán forzadas a trasladarse a Fonasa, el que sólo les cobrará el 7% de sus rentas, gravando de esta forma el ya sobrecargado sistema estatal de salud. Otros, ejercerán su derecho a permanecer en el plan que tienen vigente a través de los tribunales de justicia, generándose así una nueva judicialización, que es justamente lo que se trata de evitar con esta ley. Las estimaciones señalan que de aplicarse una tarifa plana en el Plan Garantizado, 500 mil personas podrían ser forzadas a abandonar a las Isapres.

En el cuadro siguiente se observa la enorme diferencia de la cantidad de prestaciones utilizadas por los diferentes grupos etáreos. Suponer que todos gastan lo mismo, como lo hace la tarifa plana del plan garantizado, implica reconocer la existencia de subsidios cruzados que significará que quienes hoy pagan menos deban en el futuro pagar más.

Nº de prestaciones anuales promedio / beneficiario sistema Isapre
Fuente Superintendencia de Salud

Además, el proyecto contempla cambios fundamentales en el mecanismo de otorgamiento del Seguro Catastrófico hoy existente para todos los afiliados de las Isapres, desnaturalizando este producto, que funciona desde el año 2000 y que a esta fecha ha servido para que cualquier enfermedad catastrófica sufrida por los beneficiarios del Sistema Isapre no sea un problema económico. (Los afiliados deben pagar un deducible máximo al año de 126 UF, y todo lo demás cualquiera sea el monto facturado por el prestador, es de cargo de la Isapre)

Finalmente, el proyecto propone que el Subsidio de incapacidad laboral tenga un precio correspondiente a un porcentaje de la renta de los trabajadores. A nuestro juicio, este sistema es regresivo pues todos los trabajadores, independiente de su renta, deberán pagar por este producto una misma proporción. La solución racional para evitar esto es que se tome la propuesta de la primera comisión presidencial, la que en términos generales propone que la administración del SIL la haga una entidad distinta de las Isapres, creándose con ello una nueva institucionalidad que haría que este beneficio sea entregado en forma más eficiente, incluso involucrando al empleador en la contribución al pago.

En resumen
Siempre hemos representado a las autoridades nuestra mejor voluntad para perfeccionar el sistema y, de esa forma, mejorar los servicios que las isapres ofrecen a la población. Creemos que la libertad de las personas de elegir el sistema de salud y la competencia adecuada, son las mejores herramientas para perfeccionar el seguro, sin perjuicio de los controles y regulaciones que requiera el sistema, pero siempre que se trate de un marco jurídico sólido y estable, que propicie la incorporación de nuevos actores, aumente su competitividad, su transparencia y mejore la seguridad jurídica, cosa que no ha sucedido en los últimos años.

Sin embargo, se está introduciendo por Ley un nuevo modelo de planes, más complejo y que, a su vez, incorporará condicionantes erróneos, como la tarifa plana del plan garantizado, que harán más difícil aún el acceso a la salud privada de una parte importante de personas de ingresos medios. Desde ya, además, se ha descartado la posibilidad de asignar subsidios a las personas de menores ingresos, en circunstancia que tal mecanismo permitiría aumentar la libertad de las personas que hoy, por no disponer de una renta suficiente, no pueden optar por el sistema privado de salud. Por el contrario, bajo el supuesto de hacer más “solidario” el sistema, con este proyecto se estará perjudicando al 60% de los actuales beneficiarios de las ISAPRE, especialmente a los más jóvenes de rentas bajas.

Finalmente, el proyecto presentado por el Ejecutivo, tendrá las siguientes consecuencias:

1.   Cerca del 60% de los afiliados tendría que pagar máspor el mismo plan que hoy tiene, según informa los estudios del propio Gobierno.
2.   No terminará la judicialización del sistema de salud. Es esperable que muchos casos de alzas terminen en tribunales.
3.   Parte de los afiliados de menor riesgo van a migrar a FONASA, aumentando el riesgo promedio del sistema privado y, en consecuencia, los precios del PGS.
4.   Perjudica a jóvenes de ingresos medios para beneficiar a personas mayores de ingresos altos. Es un concepto cuestionable de solidaridad.
5.   El PGS sería diseñado por la autoridad, perdiéndose así la capacidad de un diseño creativo y dinámico de planes que se deriva de la competencia y la flexibilidad.
6.   Las presiones políticas harían que el PGS vaya teniendo una cobertura cada vez más amplia. Esto podría significar un aumento incontenible en los costos del sistema, haciendo menos accesible la salud privada para la clase media.
7. Desnaturaliza y complejiza el Seguro catastrófico, indicando que el deducible, puede ser acumulado en prestadores de libre elección.
8. El proyecto introduce una modificación respecto del Subsidio de incapacidad laboral, que implica que éste se convierta en un impuesto regresivo, que afectará en mayor proporción a las personas con menos ingresos del sistema Isapre.