COYUNTURA
Efectos de la fusion de los subsistemas de Isapre y Fonasa en un solo sistema de salud universal.

Últimamente se han conocidos varias propuestas programáticas elaboradas por partidos políticos o grupos “think tank” en materias de organización y financiamiento del sistema de salud. Estas, proponen el reemplazo de las Isapres, por un sistema único nacional de salud, administrado por el Estado, donde se fusionarían beneficios, pagos de licencias, compra de servicios, recaudación de cotizaciones y aportes fiscales para salud, lo que inspiraría una especie de sinergia virtuosa, al ser todo esto administrado por el Estado.

Algunas de ellas, sugieren que todas las cotizaciones que hoy reciben tanto Fonasa como las Isapres, se amalgamen en un gran fondo público. Otros, proponen que se reemplacen todas las cotizaciones para salud por aportes fiscales provenientes de los impuestos.

Como sea el modelo, dicho servicio único nacional de salud, administraría un sistema igualitario y solidario - AUGE incluido- para todos los chilenos. Con esto, como se reconoce en algunas propuestas, se pretende que el derecho a la salud en condiciones de igualdad, prevalezca sobre el derecho a “elegir el sistema de salud al que las personas deseen acogerse, sea éste estatal o privado” como si ambos derechos fueran antagónicos.

INCREMENTO MARGINAL DE PRESUPUESTO POR LA FUSIÓN DE AMBOS SUBSISTEMAS DE SALUD

Para analizar estas propuestas, y sin perjuicio de la inconstitucionalidad que representaría la imposibilidad de poder elegir el sistema de preferencia de las personas, sea este estatal o privado, se debe tener en consideración, entre otros, los efectos presupuestarios que ellas producen. Si en la búsqueda de la equidad se fusionan ambos sistemas en uno solo, el incremento resultante en dinero, como se muestra en el cuadro a continuación, sería de sólo un 3,9% de aumento de la asignación per cápita para salud actual de los beneficiarios de Fonasa. En efecto, si sumamos a los US$ 2.760 millones de cotizaciones para salud del sistema estatal (año 2012), los US$ 2.509 millones de cotizaciones obligatorias que las isapres reciben por 3 millones de beneficiarios, más el aporte fiscal directo de US$5.379 y Otros Ingresos del SNSS por US$822, el resultado final del presupuesto estatal será de US$11.471 millones, lo que resulta un 28% superior a la situación actual de presupuesto del Fonasa. Sin embargo, dada la conformación del un eventual nuevo sistema de salud universal, el sistema estatal deberá atender a un 23% más de usuarios que provienen de Isapres. Al dividir el total de ese nuevo presupuesto resultante, US$11.471 millones, ahora entre 16,3 millones de chilenos, el incremento presupuestario per cápita para salud será, como se indicó, de sólo un 3,9%. Esto significa un aumento del actual gasto estatal por individuo de US$676 al año a US$703 al año. Al fusionarse ambos sistemas, se obtiene un incremento marginal de US$25 al año más por persona, según presupuesto 2012.

Cabe señalar, que el cuadro anterior considera que la recaudación de FONASA mantiene el mismo nivel de morosidad y pago de primas y licencias que el que hoy presenta el sistema privado. Como ello no ocurrirá, simplemente porque se pierden los incentivos que contiene el sistema Isapre para cotizar según el valor del plan o controlar gastos indebidos, se debe suponer un descenso de las cotizaciones obligatorias que recibiría Fonasa.

EFECTO DE ELIMINACIÓN DE COTIZACIÓN DE SALUD

Por otra parte, si se eliminan las cotizaciones de salud del 7% (algunos sectores lo ven como una forma de terminar el lucro con aportes previsionales, concepto que sería además contradictorio con la actual modalidad de libre elección del Fonasa o compra de servicio AUGE) el fisco deberá proveer US$5.269 millones anuales para sustituir los aportes que el sistema de salud deja de percibir. Como los costos de salud son y serán incrementales, por las enormes brechas y demanda creciente a satisfacer en salud, se puede suponer que esa cifra deberá ser incrementada anualmente en US$500 millones al año. Es decir, lo que hoy en parte importante es financiado y recaudado por los privados, en el futuro deberá hacerlo el Estado con impuestos que deberán ser incrementados en una proporción tal, que permita financiar lo que los trabajadores dejarían de pagar al no ser obligatorio el aporte para salud.

SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA Y DESARROLLO DEL SECTOR SALUD

La inexistencia de las Isapres, generará un problema en la satisfacción de la demanda de prestaciones de salud de una población que está acostumbrada a altos estándares de servicio, oportunidad y cobertura. ¿El Estado estará capacitado para hacerlo con 16,3 millones de personas? Si fuese así, ¿por qué no lo hace hoy que tiene 13 millones? A modo de ejemplo, las personas que hoy usan AUGE, y se atienden en una clínica privada o retiran sus medicamentos en una farmacia, en adelante, con un sistema único, deberán sumarse al retiro de sus medicamentos y atención en el consultorio público o municipal, todo ello en aras de la igualdad. En consecuencia, se producirá un empeoramiento de la situación de los actuales beneficiarios del sistema público por aumento de la demanda sobre este. En tercer lugar, los médicos obtienen el 70% de sus ingresos del ejercicio privado. ¿Asumirá el Estado el compromiso de mantener sus niveles de rentas? Y, en cuarto lugar, se minimizará o desestimulará la inversión privada en salud. ¿De dónde sacará los recursos el Estado para suplir el enorme déficit en hospitales, equipamiento y tecnología existente en Chile, comparado con los estándares de países desarrollados? Esto afectará, además, la introducción de nuevas técnicas médicas y el desarrollo y perfeccionamiento de la medicina moderna.

En términos breves, se observan, además, los siguientes efectos por la creación de un sistema único nacional de salud:

  • Perdida del efecto comparación entre el sector privado y público y, por tanto, bajarían los incentivos para perfeccionar el sistema público.
  • Bajaría la oferta de trabajo para personal médico y de apoyo, con menor oferta alternativa relevante, lo que se puede traducir en peores condiciones de contratación, por lo tanto en el mediano plazo menos personal de salud.
  • El sistema público ha demostrado ser menos eficaz en controlar otorgamiento de licencias médicas, por lo cual el gasto ineficaz de este beneficio aumentará.
  • Con un sector privado debilitado, se apreciará un aumento de poder de los gremios del sector público.
  • Mayor demanda hacia el sector público por atenciones curativas implica menor posibilidad de mejora en los programas preventivos y de cambio de hábitos.
  • Aumento de la inequidad y desigualdad, dado que sólo muy pocas personas de mayor nivel económico podrán acceder a un seguro privado complementario.
  • CONCLUSIÓN

    Por el desarrollo que se ha observado en los establecimientos públicos y su crecimiento presupuestario, es fácil prever que ese aumento marginal de un 3,9% per cápita, no va a mejorar el servicio que hoy se entrega. O se mantiene igual en el mejor de los casos, o empeora para todos. Por cierto, creer que un Fonasa más grande aún, aumentará las coberturas a todos los chilenos y resolverá sus listas de espera, es una ilusión o una utopía. En los últimos años, el presupuesto estatal ha crecido en nada menos que un 9% real anual, y la calidad del servicio público no ha mejorado sustancialmente. Al contrario, la experiencia en países desarrollados demuestra que para mejorar la eficiencia y disminuir la burocracia, es necesaria la descentralización de los servicios con una fuerte participación del sector privado, es decir todo lo contrario a lo que se está proponiendo. Si se fusionan las Isapres con Fonasa, los millones de chilenos perjudicados por esta medida, estarán forzados sólo a utilizar dicho servicio, excepto aquellos pocos que dispongan de riqueza suficiente y sean saludables para que los reciba una aseguradora privada de salud. Por ello, de perseverar en tales propuestas se producirá un deterioro del servicio o, al menos, un atraso en el desarrollo del sistema de salud. Parece a todas luces, más conveniente para la población buscar resolver los problemas actuales con mecanismos más eficientes e inclusivos, que permitan una mayor colaboración público privada, tanto en el aseguramiento como en la provisión de servicios médicos.

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